La Cámara Provincial del Azuay, Ecuador, ha aprobado un impuesto que revierte en la política de seguridad alimentaria de la provincia. Así, a partir del 1 de enero de 2019, en base a la Ordenanza que establece la Política Pública y Modelo de Régimen de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Productivo Local, los trabajadores, tanto públicos como privados, pagaran un 2% del salario básico (USD 7,72). Al mismo tiempo, se establece que las personas naturales y jurídicas que comercialicen sus productos y servicios en Azuay paguen, en base a su facturación, una tasa que oscilaría entre USD 9,38 y 1.875.
Con este impuesto, la Prefectura del Azuay espera recaudar 19 millones de dólares anuales, un presupuesto que se dedicará al programa Crecer y que permitirá disminuir la pobreza y, de manera muy especial, la desnutrición infantil. Según un estudio de 2013, unas 135.000 habitantes del Azuay vivían en situaciones de extrema pobreza, entre ellos 20.000 menores que padecían desnutrición.
Algunos sectores económicos y políticos han puesto en duda que la Cámara Provincial tuviera competencias para implantar este impuesto. El colectivo Organización Resistencia y Democracia, por ejemplo, asegura que sólo la Asamblea Nacional podría aprobarlo. Así, presentó un recurso contra la Ordenanza, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no aceptó.
Frente a estas posiciones, el prefecto Paúl Carrasco admitió que existían algunos vacíos legales, pero que su ordenanza estaba amparada por la constitución ecuatoriana, la declaración universal de los derechos humanos, la convención de los derechos del niño, la ley orgánica de soberanía alimentaria y en la normativa del código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y descentralización. El prefecto aceptó también revisar algunos cálculos. Afirmó, sin embargo, que el proyecto iba a seguir porque "no se puede estar tranquilo sabiendo que una parte importante de la población infantil no se alimenta bien”.