Los pasados 6 y 8 de agosto se celebró, en Quito y en Guayaquil, la Primera Reunión de Alto Nivel de Gobierno Autónomos Descentralizados para la Gestión de la Cooperación Internacional. El evento, organizado por una Mesa Interinstitucional para la Cooperación Internacional, en la que participan las prefecturas representadas por Congope, pero también el mundo local y parroquial, pretendía aprovechar las nuevas competencias en cooperación dadas a los gobiernos subnacionales ecuatorianos, en un momento en el que los recursos públicos resultan a todas luces insuficientes para afrontar los retos del desarrollo.
La inauguración contó con la intervención de Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y nuevo presidente de CONGOPE, quién no desaprovecho la oportunidad de mostrar su malestar por la falta de recursos asignados por el gobierno central a las prefecturas. Tanto en Quito, como en Guayaquil, Jurado no dejó de advertir que el camino de la cooperación para conseguir los recursos que faltan en las arcas públicas es un camino arduo, que reclama perseverancia, trabajo y paciencia. El director ejecutivo de CONGOPE, Edwin Miño, insistió en este mismo planteamiento y en la necesidad de planificar, antes de salir a buscar los recursos de la cooperación. “No sólo debemos salir a captar recursos no reembolsables -dijo Miño- también inversiones y, sobre todo, a establecer relaciones estratégicas”.
Invitado al evento, el secretario general de ORU Fogar, Carles Llorens, explicó que los países desarrollados ya no están en el año 1994, “cuando los jóvenes acampaban en los jardines públicos de las grandes ciudades para reclamar el 0,7 % dedicado a la cooperación, sino en un momento en el que la extrema derecha postula por Cero inmigración, pero también Cero cooperación”. En este nuevo contexto, en el que se han reducido de manera muy considerable los recursos de la cooperación, dijo Llorens que debe tenerse muy en cuenta toda la agenda de la eficacia de la cooperación “que no es solo una palabra, sino todo lo que dice el Acuerdo de Paris de 2005 que obliga a donantes y receptores en unos principios muy concretos que garanticen el rendimiento de cada euro y cada dólar dedicado a la cooperación”.