Las regiones de América Latina acaparan los Premios de Buenas Prácticas 

Una mancomunidad y tres regiones latinoamericanas han merecido los cuatro primeros premios del IV Premio de Buenas Prácticas Regionales, que convoca cada año ORU Fogar y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): la Mancomunidad de los Andes, de Perú; el Departamento de Nariño, de Colombia; el Departamento de Santa Cruz, Bolivia y la Prefectura del Azuay, Ecuador. El quinto premio ha recaído en el proyecto “Modelo de Protección Social Vasco” del Gobierno de Euskadi, que se convierte así en el gobierno regional que más reconocimientos de este premio de buenas prácticas ha tenido a lo largo de sus convocatorias.

Las buenas prácticas ganadoras son ex aequo, pero, la que obtuvo una mayor puntuación por parte del jurado fue “SuperAPerú: Promoción de la Exportación Certificada de los Súper Alimentos Quinua y Castaña, como modelo de articulación interregional entre productores locales”, presentada por la Mancomunidad de los Andes. Se trata de un proyecto en el que participan las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín y Cuzco. El objetivo es reforzar la cadena de valor de dos productos que, con alta valoración en el mercado mundial, pueden contribuir de manera sustancial al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza estos territorios andinos. Así, se ha valorado la aportación del proyecto a la comercialización de quinua y castaña tanto en el mercado interior, como en el internacional. 

El proyecto de Nariño, “Innovación social, una oportunidad para transformar los territorios”, es un plan que se sustenta en tres pilares: el Gobierno Abierto, la Innovación Social y la Economía Colaborativa. Así, se ha desarrollado una gobernanza en la que, la relación con los ciudadanos permite incidir en la realidad y el día a día de las y los nariñenses. Este modelo tiene como propósitos fundamentales contar con la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo.

“Mercados amigos de la niñez y adolescencia” es el título del proyecto presentado por Santa Cruz. Con una alianza con UNICEF, tiene el objetivo de prevenir y/o erradicar el trabajo infantil en los centros de abastecimientos (mercados populares). El mismo involucra la participación de los sectores gremialistas quienes ceden el espacio físico y mobiliario necesario para el funcionamiento del “espacio de protección” en el interior del mercado, lugar en donde las niñas, niños y adolescentes tiene la oportunidad de realizar sus tareas escolares, participar en actividades psicoafectivas, recreativas, formativas y otros. 

 “Crecer” es un proyecto de Gestión en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con enfoque integral e intersectorial. Se inició con el apoyo a 20.000 pequeños agro-productores del Azuay, a través de la empresa de economía mixta AgroAzuay: un organismo que cuenta con más de 25 programas de fortalecimiento al agro y a los productores.  El objetivo general es establecer los mecanismos para apoyar a la producción, a fin de garantizar la nutrición a las personas, comunidades y pueblos, especialmente a los niños menores de seis años, en aquellas áreas identificadas como desatendidas.  

El “Modelo de Protección Social Vasco” presentado por el Gobierno de Euskadi surge de la decisión de elaborar un plan integral para combatir la pobreza en Euskadi. Este plan establece, por primera vez en España, un sistema de recursos mínimos garantizados basado en la implementación de lo que comúnmente se llama el "salario social". El modelo vasco de protección social se inspira en parte en las políticas contra la pobreza en países como Francia o el Reino Unido a fines de la década de 1980, pero que cristaliza en el País Vasco en un modelo con sus propias características.

El premio ha contado este año como presidente del jurado con Johannes Krassnitzer, coordinador del programa ART del PNUD, a quién han acompañado responsables de otras agencias de Naciones Unidas, como Sébastien Vauzelle, técnico asesor del programa CapDel de Argelia o Rosa Suriñach, responsable de un programa de UN-Habitat. La componente académica del jurado ha ido a cargo de Carla Gutierrez, directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad O'Higgins, Chile y de Cristina A. Rodriguez-Acosta, subdirectora de Asuntos Internacionales en el Institute for Public Policy de la Florida International University. Han completado el jurado Ney Barrionuevo, investigador principal y director RIMISP Ecuador y Martin Guillermo, secretario general de Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. Anna Fernández, coordinadora general de ORU Fogar, ha formado parte del jurado y dirigido la secretaria del jurado. 

 

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