Las regiones instan a Naciones Unidas a impulsar un tratado para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos

Durante la asamblea de ORU Fogar del pasado 31 de noviembre, se aprobó una Decla-ración por la cual se instaba a Naciones Unidas a redactar un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Es una declaración que, en las próximas semanas, la organización va animar a firmar a representantes de los gobiernos regionales, intermedios, y de estados federados de todo el mundo, así como de redes geográficas y temáticas de estos niveles de gobierno, en una campaña que están realizando también gobiernos locales, sociedad civil y parlamentos de diferentes países. 

En la actualidad existe una tensión creciente entre la economía globalizada y los derechos humanos. Los problemas emergen de la existencia de fuertes asimetrías entre las compañías –el poder económico– y las poblaciones y, en muchos casos, entre las compañías y los Estados. Esas asimetrías son las que generan las situaciones de abusos, delitos y violaciones de los derechos humanos o, genéricamente, bloquean el acceso a la Justicia de las poblaciones afectadas.

Frente a esta situación, esta Declaración quiere mostrar su apoyo al establecimiento de un tratado vinculante que regule la acción de las empresas transnacionales y de otras empresas en lo referido a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es por ello que, los representantes de gobiernos regionales, instan a los gobiernos centrales a involucrarse en la negociación y posterior adopción y ratificación de este instrumento de derecho internacional. El manifiesto, en todo caso, va más allá de una petición, cuando los firmantes muestran su compromiso a incorporar a su legislación y políticas públicas las disposiciones del tratado vinculante sobre empresa y derechos humanos que está en negociación, una vez sea adoptado y entre en vigor. Y, mientras, y durante el tiempo en el que no se disponga de un instrumento legal internacional vinculante, los gobiernos regionales se comprometen a impulsar, desde las políticas públicas de sus gobiernos, las acciones responsables económica, social y ambientalmente, y el respeto de los derechos humanos, por parte de las empresas que tienen su sede en sus territorios respectivos.

 

Consideraciones:

1. Reiterando nuestro compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales, y con los instrumentos y convenciones de derechos humanos internacionales promovidos por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, y las organizaciones internacionales intergubernamentales de carácter regional.

2. Reafirmando nuestra adhesión a la Agenda 2030, y haciendo hincapié en la importancia de los derechos humanos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en esta.

3. Recordando que la obligación principal de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales corresponde a los estados, y que estos deben proteger contra el abuso de los derechos humanos por parte de terceros, garantizar el respeto y la aplicación del derecho internacional sobre derechos humanos, así como educar a los servidores públicos y a la ciudadanía sobre sus derechos.

4. Reiterando, además, el compromiso de los gobiernos regionales, intermedios, y de los estados federados, con la promoción de los derechos humanos y el abordaje de los retos globales, desde la acción directa en nuestros territorios, así como a través de nuestra participación activa en los espacios de gobernanza mundial.

5. Reconociendo, así mismo, la importancia del papel de los actores de la sociedad civil en la promoción, la defensa y el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

6. Recordando que las empresas, como órganos especializados de la sociedad, tienen que cumplir con las leyes y respetar los derechos humanos en su actividad, aunque, hasta ahora, el progreso en la mejora de la responsabilidad económica, social y ambiental de las empresas ha sido limitado.

7. Poniendo en valor los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU aprobados por el Consejo Derechos Humanos el año 2011, con el objetivo de abordar e intentar evitar los efectos negativos que las actividades empresariales pueden causar en los derechos humanos, como un primer paso en esta dirección.

8. Considerando, como un avance muy positivo, la Resolución 26/09, de 2014, del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que estableció el Grupo de Trabajo Intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento legalmente vinculante que regule, en el marco del derecho internacional en materia de derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

Manifestaciones:

1. Damos nuestro apoyo al establecimiento de un tratado vinculante que regule la acción de las empresas transnacionales y de otras empresas en lo referido a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. Instamos a los Gobiernos Estatales a involucrarse en la negociación y posterior adopción y ratificación de este instrumento de derecho internacional, y nos comprometemos a incidir sobre los Gobiernos respectivos para que así sea.

3. Manifestamos nuestro compromiso a incorporar a nuestra legislación y políticas públicas las disposiciones del tratado vinculante sobre empresa y derechos humanos que está en negociación, una vez sea adoptado y entre en vigor.

4. Finalmente, y durante el tiempo en el que no se disponga de un instrumento legal internacional vinculante en el ámbito de la empresa y de los derechos humanos, manifestamos nuestro compromiso para impulsar, desde las políticas públicas de nuestros gobiernos, la acción responsable económica, social y ambientalmente, y el respeto de los derechos humanos, por parte de las empresas que tienen su sede y/o actividad económica en nuestros territorios respectivos.

 

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