El Govern de la Generalitat de Catalunya, presidido por Carles Puigdemont desde principios de enero de 2016, aprobó el 26 de enero el primer proyecto de ley de la nueva legislatura. Se trata de una norma contra el cambio climático que, entre otros, tiene como objetivo principal la reducción de las emisiones de CO2 en el territorio catalán.
La ley, pionera en el Estado español y una de las primeras del sur de Europa, establece unos objetivos de mitigación del cambio climático enfocados a la transición de Catalunya hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Prevé una reducción del 25% de las emisiones de gases con efecto de invernadero para el 2020 (respecto a los niveles del 2005) y del 80% para el 2050. “Algunos de los efectos del cambio climático ya son evidentes actualmente en Catalunya, como los periodos de sequía que afectan la agricultura; bosques más propensos a sufrir incendios todo el año; el aumento nivel de mar […] y una agravación de los efectos de la pobreza energética”, explicó el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, en una rueda de prensa después de la reunión del Ejecutivo.
El proyecto incluye la creación de un impuesto sobre las emisiones de CO2 en los turismos y furgonetas más contaminantes, que se aplicará a partir de 2018. También la rehabilitación de viviendas con criterios de ahorro energético y el establecimiento de tarifas sociales en los suministros de agua, gas y electricidad para colectivos en riesgo de exclusión social. Para el cumplimiento de los objetivos se ha creado un Fondo Climático, y tendrá también un papel destacado el Consejo Catalán del Clima, un órgano formado por expertos independientes que se dedicará a su evaluación periódica.
Imagen de portada:Jordi Bedmar / Generalitat de Gatalunya
Imagen superior: Rubén Moreno / Generalitat de Gatalunya