La Global Taskforce, más allá de Hábitat III

Han transcurrido veinte años entre las dos últimas Conferencias de las NNUU sobre los Asentamientos Humanos (Habitat II y Habitat III, 1996-2016). Un período largo en los que las autoridades locales y regionales han debido hacer un doble esfuerzo:

Primero, de organización, consolidando una voz unificada con la que dirigirse al mundo. El resultado es la construcción de una gran organización: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU. CGLU impulsa el Grupo de trabajo global de los gobiernos locales y regionales (o Global Taskforce), que se reunirá la semana que viene en Barcelona y del cual ORU Fogar forma parte.

Segundo, de seguimiento e incidencia, elaborando y proyectando sus prioridades ante una agenda internacional intensa, exigente, que parecía no se iba a detener.

Hasta hoy: queda finalmente atrás la cita de Quito, y aparece un panorama más despejado, que plantea nuevos retos que sin duda nuestra próxima reunión intentará identificar. El principal, en mi opinión, es que corresponde plantearse objetivos no tanto orientados al reconocimiento institucional formal, cuanto a la organización y el despliegue de las propias fuerzas y capacidades, y la mejora de sus impactos. Como queda escrito en otro lugar, la madurez de los procesos y de las instituciones globales y locales está desplazando los focos de preocupación científica, y también práctica: de la demanda de espacios adecuados de representación, hacia la asociación eficaz en una acción común; de la voz en un espacio diplomático, a la participación responsable en un sistema de gobernanza. 

Y es que, a la vez que el movimiento local y regional mejoraba su articulación global tenían lugar otros procesos, no menos importantes: por una parte, la reconfiguración de los sistemas de gobernanza internacional, a partir de las instituciones de las Naciones Unidas (NNUU) y sus organismos especializados, especialmente en los ámbitos económicos y sociales. Por otra, la transformación del espacio político internacional. A él concurren nuevos actores, con sus propios intereses, alianzas y estrategias, dando forma a una nueva diplomacia multilateral, de la que también formamos parte.

Cinco ideas para operar en ese nuevo espacio.

Primera: estamos en un entorno participativo (o hiperparticipativo, como se ha dicho en relación a la elaboración de la Agenda 2030), y la multitud de nuevos actores que concurren a él no se diferencian tanto por tipología, sino por su capacidad de aportación. Las nuevas formas de diplomacia no funcionan tanto por delegación de la voz y de la representación, como por una acción más directa de los titulares de intereses, los cuales no ostentan una condición permanente de actores, sino que la adquieren en función de la materia de que se trate. La legitimidad democrática, que habitualmente exhibimos, es aquí sólo un argumento –y seguramente no el más decisorio–. Debemos asegurarnos de hacer una contribución real.

Segunda: el sistema se orienta hacia un trabajo inter-institucional y multisectorial. La búsqueda del reconocimiento institucional formal debe correr paralela a la preocupación por la eficacia de los nuevos marcos de resultados –como el de los ODS–. El esfuerzo de las autoridades locales y regionales se debe orientar hacia esa inserción en clave de eficacia: participación en la programación, diálogo nacional de políticas, liderazgo territorial y, sobre todo, acreditación precisa y relevante de resultados. En tanto que articulación multinivel, la eficacia es inclusiva hacia los actores, e informal en su funcionamiento. Y, de nuevo, poco atenta a algunas de nuestras nociones tradicionales, como la representación democrática, la descentralización o la estabilidad en las relaciones intergubernamentales.

Tercera: debemos estar preparados para que haya otras voces territoriales (y es positivo), y para buscar campeones nacionales (y es necesario). Como bien explicó Chris Swope, la consecución del ODS 11 u “objetivo urbano” fue el resultado del esfuerzo conjunto de diferentes redes territoriales y medioambientales. Las cuestiones del territorio son, cada vez más, objeto de preocupación global y nacional. Si las ciudades y regiones son clave para generar desarrollo, bienestar y cohesión, deben afirmar su liderazgo político construyendo y formando parte de alianzas, amplias y orientadas al cambio.

Cuarta: la capacidad regulatoria no es exclusiva del ámbito intergubernamental clásico. Es verdad que presenciamos avances significativos en materia de regulación interestatal en cuestiones medioambientales y energéticas; pero aparecen nuevos espacios regulatorios mixtos (como el G-20, o el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria), y otros netamente privados (como la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, o la Campaña Ropa Limpia). Autores como Thomas Hale y David Held  han analizado y descrito estas nuevas “instituciones e innovaciones”, que no precisan de tener carácter normativo para ser eficaces; basta con que comprometan a sus actores principales, o que posean una calidad técnica superior a la alcanzable por reguladores públicos. En un contexto crecientemente globalizado, la gobernanza transnacional se especializa y se privatiza, invirtiendo la lógica tradicional que asigna la capacidad normativa y regulatoria únicamente a los representantes de intereses públicos. Las autoridades locales y regionales deben tomar nota de esta evolución y dirigir esfuerzos hacia estas nuevas formas de regulación internacional –y, por qué no, crear las suyas propias–.

Quinta idea: las redes de autoridades locales y regionales están bien posicionadas para participar y para añadir valor en este escenario. Las redes aprovechan eficazmente el carácter híbrido de los gobiernos no-centrales. Éstos, en tanto que actores internacionales, poseen rasgos propios de los actores gubernamentales, pero también de los no gubernamentales, y se hallan de hecho en el medio de los dos grandes ámbitos de las relaciones internacionales: la sociedad de estados y la esfera transnacional. Las redes no sólo unifican la interlocución y ayudan a construir posicionamiento, sino que son agentes de capacitación, aprendizaje mutuo, adaptación al marco político y administrativo y, sobre todo, difusión de la buena práctica, y también de la buena política. Unas redes que están llamadas a crear no sólo la agenda que lo local proyecta hacia lo global, sino también formas de inserción de los niveles políticos territoriales en los esquemas mundiales, a partir de las tendencias actuales.

Javier Sánchez Cano

Responsable de planificación, seguimiento y evaluación

Dirección General de Cooperación al Desarrollo de Cataluña

Líder del Grupo de Trabajo 2030 de ORU Fogar