Chile unitario pero descentralizado

Marcelo Carrasco Carrasco

Presidente Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile

La descentralización ha sido un tema de preocupación en Chile desde la década de los sesenta y ha experimentado diversos perfeccionamientos expresados en modificaciones a la legislación pertinente o en la creación administrativa de nuevos instrumentos descentralizados de inversión publica, pero todas esta modificaciones son superficiales. Hoy existe consenso respecto a que la excesiva centralización política, administrativa y económica en Chile, la cual ha sido ampliamente documentada por diversos actores de la academia, sociedad civil e instituciones del estado, como un ejemplo de ello citamos el documento “Making decentralisation work in Chile” (2017), la OCDE recientemente resaltó que la mencionada centralización es un freno al desarrollo del país. Por ende, es un tema que debe ocupar la agenda publica de todos los actores políticos, en especial de los parlamentarios de regiones, se debe avanzar a paso firme sin descansar hacia un mayor grado de descentralización del país como una tarea prioritaria.

Ya hace un par de años se desarrollo una “Propuesta de Política de Estado y Agenda para la Descentralización y el Desarrollo Territorial de Chile”, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, el cual tuvo una amplia participación de diferentes actores de todo el espectro político y de la sociedad civil, convirtiéndose en un valioso e imprescindible aporte para encauzar los mencionados análisis técnicos. No obstante, a mi juicio, este documento muy práctico y consistente dio a lugar sólo un punto de partida y, por lo tanto, requiere de mayor profundización, en temas vitales como lo son el traspaso de competencias, gestión territorial y la descentralización financiera de lo que el estado invierte en nuestras regiones.

Si este proceso de discusión e implementación de políticas publicas, no se desarrolla de manera adecuada, pueden producir  profundos efectos en el mediano y el largo plazo, reformas de este tipo requieren de rigurosos análisis técnicos, luego de una discusión parlamentaria muy seria. La literatura describe varios casos de reformas pro descentralización, implementadas tanto en América Latina como en África, y cuyos resultados han estado muy por debajo de lo esperado y Chile en este momento con el nivel de avance que lleva la implementación de tímidas iniciativas no es la excepción. 

Una muestra del poder de la centralización en Chile es que sólo 811 millones de dólares al año son los que tienen las regiones para poder gastar libremente y así definir sus propios proyectos, equivalentes a un 1,18% del Presupuesto de la Nación, cifra que alerta sobre la importancia de definir bien la transferencia de competencias desde el nivel central y su potencial impacto en la calidad de vida de los ciudadanos de regiones.

Por otro lado  si se consideran sólo los recursos de los fondos para las regiones, como el FNDR o el programa espejo del Transantiago, sólo el 44% de dicho total es de libre disponibilidad regional. Y es una real complejidad, que fondos que han sido creados para descentralizar el país, sólo un 44% de estos tienen expresión regional.

Desde ANCORE siempre hemos mencionado que si no hay un traspaso real de facultades desde el gobierno central a las regiones para que gestionen presupuesto, cualquier otro cambio que se introduzca tendrá mucho de maquillaje y poco de fondo, y bajo nivel de impacto en la gestión regional. En esta línea creemos que se debe perfeccionar la fortalecimiento de la regionalización para lo cual  “seguiremos trabajando en fortalecer el rol de los consejeros regionales” y para que nuestras regiones dentro de un estado unitario puedan decidir su propio destino.

Por otro lado en momentos en que se están implementando  medidas de descentralización, como la elección de gobernadores regionales el año 2020, el conceso de muchos actores que si a estos gobernadores electos por la ciudadanía no se les acompañado de real poder de decisión para las regiones sobre los recursos que poseen para ejecutar proyectos. Será una figura decorativa con bajo nivel resolutivo y alejara mas rápido a las potenciales soluciones para los ciudadanos que viven en regiones, acentuando el centralismo y alejando a la ciudadanía del que hacer de la política publica. 

Hoy, los gobiernos regionales reciben recursos por medio de distintos fondos. El más antiguo es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), al que se han ido sumando el Fondo de Innovación para la Competitividad, que transfiere recursos del royalty minero; el Fondo de Apoyo a Regiones, que es el programa espejo del Transantiago; el Fondo de Inversión y Reconversión Regional, que transfiere recursos del impuesto especial a la minería; el Fondo de Infraestructura Educacional, y los recientemente creados Programas de Convergencia, orientados a las zonas rezagadas del país.

En relación al Financiamiento: consideramos que este, debe ser acorde al traspaso de competencias, en un proceso gradual y sostenido. Si se trata de los tributos regionales, creemos razonable un fondo mixto en que un porcentaje permanezca en la región, y otro sirva para que el Estado genere para los Gobiernos Regionales un fondo solidario con equidad territorial, considerando factores atingentes. Así mismo, dicho financiamiento debe considerar no solamente el tema financiero, sino también los costos asociados a la tramitación de cada uno de los financiamientos que se generen en este proceso de traspaso de competencias.

En relación al FNDR, estimamos que este debe ser de libre disposición y distribución de los Gobiernos Regionales y no del Gobierno Central que ya decide más de un 90% de la inversión total regional. La ley de presupuesto debe proveer sin duda un marco general, permitiendo que los Gobiernos Regionales estructuren su presupuesto de acuerdo a sus realidades.

El actual modelo de Estado y sus instrumentos de apoyo, están en su gran mayoría obsoletos para el siglo XXI. Las diferentes demandas ciudadanas se han sofisticado y articulado de tal forma, que la mayoría de las veces no calzan con las necesidades de los beneficiarios y por ende, no cumplen con las expectativas y peor aún, no solucionan los problemas planteados a cabalidad, brindando soluciones parciales o muy alejadas de los problemas reales. Por esta razón como Ancore Chile continuaremos trabajando por un estado descentralizado moderno, eficiente que se hace cargo de los problema pero también de las oportunidades que tienen nuestros territorios. Y que el ciudadano realmente sienta que los procesos de descentralización hacen la diferencia y que el estado realmente esta para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.