Algunas regiones toman la delantera en la lucha contra el Cambio Climático
Cuando la COP27 ha puesto de nuevo en evidencia el débil compromiso de la mayor parte de los países en la lucha contra el Cambio Climático, en Sharm El Sheikh se ha visto con más claridad que nunca que algunas regiones están tomando la vanguardia de esta causa. Así, los más implicados, como si lo hubieran acordado antes de viajar a Egipto, hicieron solemnes anuncios en los que comprometían presupuestos contantes y sonantes en la lucha contra el Cambio Climático.
Mientras los estados no llegaron a un acuerdo sobre el fondo económico para hacer frente a pérdidas y daños causados por el Cambio Climático hasta un día después de cerrado el programa oficial, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, anunció una aportación de 7 millones de libras esterlinas en este concepto. Con estos recursos, las comunidades afectadas podrán tomar medidas directas para paliar los impactos causados por desastres climáticos.
No fue el único compromiso escocés. La ministra de Medio Ambiente y Reforma Agraria de Escocia, Mairi McAllan, se comprometió a apoyar un paquete de medidas para fortalecer el papel de las mujeres del Sur Global en la acción climática. Así, explicó que se proporcionará un total de £ 150,000 para permitir que las mujeres del Sur Global asistan a la COP28 de Dubai y para proporcionar a las mujeres en las comunidades indígenas los recursos para ampliar las soluciones climáticas locales. La ministra también anunció la creación de una nueva beca en la Universidad de Dundee relacionada con el tema.
Otro de los gobiernos regionales que tuvo un papel destacado en Sharm El Sheikh fue, sin duda, Quebec. Su ministro de Medio Ambiente, Benoit Charette, hizo dos anuncios importantes. El primero es que Quebec aportará 6,6 millones de dólares para apoyar la adaptación agrícola al cambio climático en Côte d'Ivoire, Haití y Senegal. Se trata de la segunda aportación financiera a favor de los sectores agrícolas de estos tres países. El segundo anuncio fue que se dedicará una nueva dotación presupuestaria a iniciativas ciudadanas en la lucha contra el cambio climático. Este programa extenderá su vigencia durante los próximos cinco años.
La ministra regional de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de Cataluña, Teresa Jordà, hizo también dos anuncios importantes en la COP27. El primero cuando explicó que se destinarán 80 millones de euros en los próximos cuatro años a colaborar con el mundo local, para llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación. El segundo, un plan para impulsar la Producción Agraria Sostenible (PAS), con el objetivo de que más del 50% de las explotaciones agrarias catalanas sean sostenible en el año 2030. Con este plan, el gobierno catalán acompañará a los productores y productoras catalanes en esta transformación hacia la sostenibilidad ambiental, social y económica, entre otras medidas, con una línea de ayudas económicas.
La viceministra regional de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, por su parte, anunció una batería de acciones ya en presupuesto de 2023: promoción de proyectos energéticos (energía fotovoltaica, eólica y marina; hidrógeno y biomasa) por valor 56,1 millones de euros; ayudas públicas para el fomento de energías renovables, electrificación de la movilidad y eficiencia energética (114,5 millones de euros); e impulso de proyectos que reduzcan emisiones y mejoren la competitividad en la industria (85 millones de euros). Entre anuncio y anuncio, Amaia Barredo presentó la futura Ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático y denunció que, en sus debates oficiales, las Cumbres del Clima “no tienen en consideración ni la visión ni voz de las regiones a pesar de que son sus gobiernos, junto a la administración local, las instituciones encargadas de ejecutar el 70% de las medidas de mitigación y el 90% de las medidas de adaptación para avanzar en los compromisos del Acuerdo de París”.
No sólo gobiernos del norte estuvieron e hicieron aportaciones importantes en la COP27. La delegación de Zicosur, encabezada por su secretario general, Mariano Fernández, tuvo, por ejemplo, una destacada presencia. Así, se presentaron las Áreas de Gestión Compartida (AGC), un instrumento orientado a impulsar procesos territoriales, donde las actividades productivas sean compatibles con la protección ambiental y la inclusión social. Se trata de territorios de alto valor productivo, ambiental y social, cuya gestión sostenible requiere de la articulación entre países vecinos o entre jurisdicciones vecinas de un mismo país. También bajo el amparo de Zicosur, la directora de Medioambiente de Tucumán, Florencia Sagayo, presentó el Plan provincial de mitigación contra el Cambio Climático y se creó la Comisión de Cambio Climático del Norte Grande.
Para explicitar el posicionamiento regional, Regions4, con el apoyo de ORU Fogar, presentó el “Manifiesto de Rabat Salé Kenitra”, que firmaron 45 gobiernos regionales. En este manifiesto se reiteró la petición a las partes, los estados, de que siguieran comprometidos con la limitación a los 1.5 grados de incremento de la temperatura, con las energías renovables y les emplazaron a no recurrir a las energías fósiles. Unas peticiones que, viendo el resultado de la Cumbre, eran del todo pertinentes. El manifestó reclama la inclusión de los gobiernos subnacionales en los procesos de toma de decisiones, en la implementación y monitoreo de las políticas contra el Cambio Climático. Así, se defiende que los gobiernos regionales deben ser considerados actores gubernamentales clave con objetivos específicos, confiables y ambiciosos a largo plazo. Asimismo, se reclamó la existencia de mecanismos de coordinación multinivel, para influir en el diseño, la coordinación y la aplicación de los Planes Nacionales de Adaptación (PNA), y la implementación de los compromisos financieros de adaptación de la COP26.
