El trabajo de las regiones para gestionar desplazados
El Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, ya se ha hecho público y será presentado oficialmente en la Asamblea General de la ONU el próximo 21 de octubre. El documento, elaborado por la Relatora Paula Gaviria Betancur, subraya que la reintegración debe ser reconocida como un derecho tan fundamental como el retorno, y que debe abordarse tanto desde dimensiones tangibles —vivienda, servicios, documentación— como desde aspectos intangibles como la salud mental, la identidad y la cohesión social.
Este informe reviste un significado especial para los gobiernos regionales africanos. Durante su proceso de elaboración, se celebró una consulta el pasado 5 de junio entre el Relator Especial y presidentes regionales de distintos continentes. En esa ocasión intervino de manera destacada Abdoulaye Maïga, presidente de la Asociación de Regiones de Mali y presidente del Consejo Regional de Mopti, cuya contribución fue decisiva para que el texto final reconociera expresamente el papel de los gobiernos regionales en la búsqueda de soluciones duraderas al desplazamiento. Sus aportaciones permitieron que las regiones fueran visibles como actores centrales en las políticas internacionales sobre desplazamiento interno.
El informe incide en que los gobiernos regionales deben ser considerados socios estratégicos, con competencias claras, recursos suficientes y un papel formal en los mecanismos de coordinación nacional. Señala, además, que la gobernanza multinivel es esencial para evitar la fragmentación de responsabilidades y garantizar la eficacia de las políticas. En materia de servicios, destaca que las regiones son prestadoras claves de educación, salud, vivienda y medios de vida, por lo que deben ocupar un lugar central en el diseño e implementación de las estrategias de reintegración.
Otro aspecto crucial del documento es la necesidad de financiación adecuada y transferencias fiscales predecibles hacia los niveles regionales, de manera que las autoridades territoriales dispongan de recursos estables para atender tanto a las personas desplazadas como a las comunidades de acogida. Asimismo, se enfatiza que la seguridad de la tenencia de la tierra, la prevención de desalojos forzosos y el acceso a vivienda social son pilares de una reintegración sostenible.
El texto también llama a los gobiernos locales y regionales a desempeñar un papel activo en la promoción de la cohesión social y la creación de oportunidades económicas para desplazados y poblaciones receptoras. Programas de empleo, formación profesional, apoyo al emprendimiento y acciones comunitarias basadas en la cultura y el arte son identificados como herramientas eficaces para reducir la estigmatización y fortalecer la resiliencia colectiva.
Finalmente, la Relatora insiste en que los aspectos intangibles —bienestar, identidad, sentido de pertenencia y salud mental— deben integrarse en todas las políticas de reintegración. Ignorarlos, advierte, supondría poner en riesgo tanto la estabilidad como la sostenibilidad de las soluciones propuestas.
La publicación de este informe supone un avance notable en el reconocimiento de los gobiernos regionales en el marco de la gobernanza multinivel sobre desplazamiento interno. Para líderes como el presidente de la Asociación de Regiones de Mali y del Consejo Regional de Mopti, constituye también la confirmación de que las voces de las regiones son escuchadas en los grandes foros internacionales y que su papel resulta imprescindible en la construcción de soluciones duraderas.
En este contexto, el informe puede convertirse en un documento de trabajo de gran valor para el I Foro de Regiones sobre Procesos Migratorios, que ORU Fogar organizará del 1 al 3 de diciembre en Dakar. Una de las mesas de este encuentro estará dedicada precisamente a debatir sobre el rol de los gobiernos regionales en la gestión de las personas desplazadas, lo que hace del reciente informe de Naciones Unidas una referencia imprescindible para orientar el debate y reforzar la posición de las regiones en este ámbito.
