La República de Chile, en el extremo sur occidental de América, por tradición es unitaria, presidencialista y centralizada. Desde hace 40 años estamos subdivididos en unidades administrativas conocidas como “regiones” que suman 15, más una como eje del poder central que es la Región Metropolitana –que concentra casi la mitad de la población total del país-. Estas regiones se subdividen en 54 provincias, las agrupan a su vez 345 comunas.
La administración comunal es ejercida por un Alcalde y su Concejo Municipal, electos directamente por la ciudadanía. Las Provincias son regidas por un Gobernador elegido por la Presidencia del País y reportan a un Intendente que también es representante de la Presidencia de la República en el territorio regional. El Intendente es asistido por los Secretarios Regionales Ministeriales que son delegados de los respectivos ministerios nacionales y un Consejo Regional (Core) compuesto de representantes populares electos en elecciones directas por la ciudadanía. A esto debemos sumar un Congreso Nacional bicameral completamente elegido por voto popular.
Esta trama única en América es vertical en la organización y gestión política y económica del territorio, cohesionado por una fuerza centrípeta que es la Presidencia Nacional. Chile es un país presidencialista y centralista. En Chile no se discute la unicidad nacional y administrativa, a pesar de que ha venido madurando en la ciudadanía una visión que matiza este centralismo, buscando alternativas propicias para un desarrollo armónico y descentralizado que brinde nuevas oportunidades a los territorios, en especial los que van más rezagados.
Nuestra tradición centralista y compacta en lo que a administración se refiere, colisiona con la necesidad ciudadana de participar activamente en definiciones de fondo, fundamentalmente en materia de desarrollo, que desean adoptar las regiones. Esta necesidad ciudadana empuja en Chile una ola reformista que propicia una desconcentración y descentralización que va ganando espacio en el ámbito político. Por ello, en materia de nueva regionalización y descentralización se está realizando la discusión de tres cuestiones fundamentales en el Congreso Nacional por iniciativa del Ejecutivo:
1.- La elección directa de los Intendentes (Ejecutivo regional) que viene a sumarse a la generación democrática de los Consejos Regionales (Los que tienen atribuciones fiscalizadoras, normativas y resolutivas sobre los actos o iniciativas del Ejecutivo).
2.- El traspaso efectivo de competencias, fundamentalmente desde el nivel central en los Ministerios, al nivel regional, en materias tales como fomento productivo y económico, infraestructura y desarrollo social, a fin de definir regionalmente las prioridades de dichas políticas.
3.- Una nueva estructura de financiamiento regional, que conlleva más fondos de resolución regional y algún tipo de retribución tributaria regional para actividades económicas de alto impacto, tales como la minería, que en nuestro país, sin duda, es una industria importante.
En Chile hoy estamos haciendo estas discusiones los regionalistas y todos aquellos actores nacionales que nos hemos convencido de las posibilidades de desarrollo armónico e inclusivo que requerimos como Patria, en el convencimiento de que el tránsito entre una República ultracentralizada a una que abra espacios a la decisión de nivel regional, no sólo ayudará a un gasto económico más certero y a resolver los problemas verdaderamente urgentes de la población, sino que también traerá aires frescos a una democracia de la que todos nos sentimos orgullosos de sostener.
Fernando Verdugo
Presidente de la Región de O’Higgins, Chile
