El objetivo de cualquier política de desarrollo local, en nuestra opinión, debería ser la búsqueda del bienestar de la población por medio de la transformación cualitativa de su nivel de vida y de su entorno. Así pues, el desarrollo local debería ser un proyecto colectivo, la voluntad común de los actores locales de un territorio concreto de cambiar la situación en la que viven, de cambiar las cosas para generar una mejora creciente de las condiciones y el nivel de vida de sus habitantes.
La cuestión del desarrollo local conduce a una buena definición del entorno « local ».
La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) en el marco de su programa ILE (Iniciativa Local de creación de Empleo), define lo « local » como un espacio dotado de identidad, una dinámica propia y peculiaridades, que mantiene relaciones de interdependencia con los espacios más amplios en los que se integra.
En este sentido, lo local designa todo espacio subnacional gestionado por las autoridades gubernamentales de acuerdo con su visión de desarrollo y los objetivos perseguidos. Entonces, ¿cómo determinar cuál es el mejor nivel de espacio local? El marco territorial que se suele escoger es el Municipio, ente territorial de base, aunque también otros niveles intermedios como el departamento, el distrito, la ciudad o la región.
En Costa de Marfil, estos distintos niveles se han ido creando sucesivamente, aunque la nueva ley n° 2014-451 del 5 de agosto de 2014 sobre la orientación de la organización general de la Administración Territorial ha dejado únicamente el municipio y la región, al suprimir los departamentos y las ciudades como ente territorial.
En lo que se refiere al regionalismo, la atribución de poderes a las regiones se da en el marco institucional a través de varios medios, como la descentralización territorial, la devolución y la delegación.
La descentralización se define normalmente como un sistema de gestión político-administrativo por el cual el Estado otorga a una colectividad humana o a un conjunto de servicios dotados de personalidad jurídica el derecho a administrarse ellos mismos bajo el control del Estado. En estas condiciones, la personalidad jurídica puede ayudar a lograr el desarrollo local si está bien gestionada por los actores locales.
En Costa de Marfil, la idea de la creación de la región surge con la ley n°95-892 del 27 de octubre de 1995 sobre la organización de la Administración Territorial que reconocía la región como ente territorial pero dejaba en manos de una ley posterior la determinación de las reglas de organización y de funcionamiento de esta entidad descentralizada.
Esta ley tuvo lugar en 1998. Se trata de la ley n°98-485 del 4 de septiembre de 1998 relativa a la organización de la región, que vino acompañada de la ley n°98-486 del 4 de septiembre sobre la ley electoral regional. Y sin embargo, a pesar de esta voluntad mostrada por los poderes públicos, las regiones, como entes territoriales, no se crearon hasta la emisión del decreto n°2013-294 del 2 de mayo de 2013 sobre la tipificación de treinta y una circunscripciones administrativas en entes territoriales.
La ley marfileña no define claramente la región, sino que se limita a presentarla, según los términos del artículo 38 de la ley del 5 de agosto de 2014, como un ente territorial compuesto por al menos dos Departamentos.
Igual que todos los otros entes territoriales creados o por crear, la región tiene como objetivo principal (i) la organización de la vida colectiva en el ente territorial; (ii) la participación de la población en la gestión de los asuntos locales; (iii) la promoción y la realización del desarrollo local; (iv) la modernización del mundo rural; (v) la mejora del entorno; (vi) y la gestión de los territorios y del medio ambiente.
La ley n° 2003-208 del 7 de julio de 2003 sobre la transferencia y repartición de competencias del Estado a los entes territoriales que define dieciséis bloques de competencias, atribuye a la región la realización y el mantenimiento de inversiones estructurales como las Universidades, los CHR, el mantenimiento de las carreteras, etc.
Desde 2013, las regiones contribuyen al desarrollo de los distintos pueblos y aldeas, así como de todas las localidades que no pertenecen a ningún municipio. No obstante, todavía se plantean dos desafíos: la financiación del desarrollo local y la relectura de la ley sobre la transferencia y repartición de competencias para excluir de la repartición a los entes territoriales que han sido suprimidos, las ciudades y los departamentos.
Jeannot Ahoussou Kouadio
Presidente de ARDCI y de la región Bélier, Costa de Marfil
