Joan Clos
Director ejecutivo de ONU Habitat (2010-2018)
En la conferencia de Quito de Habitat III, en octubre del 2016, se estableció un conjunto de ideas, relativamente novedosas, en el discurso sobre la urbanización. La directriz principal que se deriva de la reflexión, previa a la conferencia, por un número muy significativo de expertos (más de 300), va en la dirección de centrarse en la implementación práctica de una buena urbanización huyendo de los discursos genéricos que suelen estar plagados de buenasintenciones pero que no indican realmente una estrategia a seguir. La Nueva Agenda Urbana, el documento resultante de la conferencia, plantea 5 ejes para enmarcar una buena práctica urbanística en el S. XXI.
En primer lugar, el establecimiento de una política nacional urbana que dé señales claras a todos los actores presentes en el proceso de urbanización, sobre cual es el marco político financiero de la urbanización que cada estado elije. En tal marco, se debe clarificar cual es el papel de los gobiernos regionales en el proceso de urbanización y cuales son los recursos y los medios de financiación que lo van a sustentar. Ni que decir tiene que, automáticamente se debería derivar el papel de la administración local en el mismo proceso dada la relevancia ineludible y absolutamente necesaria de la administración local en el proceso.
Dependiendo del nivel de descentralización del gobierno y de las capacidades político administrativas de los gobiernos regionales, se establecerá el papel que puedan y deban jugar en la urbanización. Si los gobiernos regionales son suficientemente robustos, en buena lógica se les debería otorgar la capacidad de elaborar una política regional urbana que, obviamente, puede ser más detallada y más específica que la política nacional. De la misma manera que hay la necesidad de establecer lo más claramente posible las relaciones de gobierno nacional y gobierno regional, igualmente es deseable esclarecer el vínculo gobierno regional con el gobierno local, para evitar duplicidades, interferencias, conflictos jurisdiccionales ya que todo ello redundará en un mejor servicio a la población, en una mayor claridad de responsabilidades políticas y finalmente, más confianza de la ciudadanía en su administración pública en general.
Cuando existe un gobierno local suficientemente competente, se debería hacer el esfuerzo por parte del gobierno regional de no hacer la gestión urbanística que es más adecuado a nivel local. En la línea de la mejor teoría y práctica de la subsidiariedad. Hay que tener en cuenta que la política territorial, regional y metropolitana define los ejes de infraestructuras, los corredores energéticos, los aprovisionamientos hídricos y la preservación del territorio natural que ya son, de por si, suficientemente complejos si se quieren hacer bien.
El segundo eje de la Nueva Agenda Urbana es el diseño jurídico del proceso de urbanización. Es obvio que en tanto que la sociedad se hace más compleja aumenta el rol del imperio de la ley en la urbanización. Es fundamental encontrar un buen diseño jurídico que evite proliferaciones innecesarias de legislación, conflictos entre los diferentes niveles de decisión o cualquiera de las, lamentablemente demasiado frecuentes, patologías legislativas que suelen derivar en problemas difíciles de resolver. Tener una buena legislación pragmática, no conflictiva y a la vez eficaz es, en sí mismo, un bien muy preciado y, lamentablemente, no muy frecuente. De nuevo, de existir tres niveles de administración, la central, la regional y la local y si cada uno de ellos tiene capacidad legislativa, como es frecuente en países federales o descentralizados, una revisión periódica de la coherencia inter administraciones es muy deseable.
El tercer eje de la Nueva Agenda Urbana es el diseño urbano, con especial énfasis en la provisión adecuada del suficiente espacio público urbano, calles, plazas, parques, etc. que junto con parcelas edificables, es la esencia del planeamiento urbano. En la actualidad se detecta en muchos entornos de urbanización acelerada una precariedad absoluta, no tan sólo en la dotación de espacio público sino también en su diseño. Hay que recordar que el espacio público, a parte de las muchas funciones políticas y sociales que cumple, tiene una relevancia absoluta en el valor económico de la urbanización. No atenderlo adecuadamente puede derivar en un desastre político, social y de seguridad pero, además, hay que añadir a esta lista el riesgo de condenar a la urbanización a un permanente fracaso económico.
El cuarto eje de la Nueva Agenda Urbana se refiere al diseño financiero de la urbanización. En la medida en que la urbanización genera valor, su financiación a nivel teórico no debería plantear excesivos problemas pero, en cambio, cuando observamos la realidad cotidiana nos encontramos siempre con inmensas dificultades económicas, especialmente a nivel local a pesar de que muchos operadores hacen sustanciosos negocios en el espacio urbano. La ausencia de un equilibrio financiero de la administración local comporta un bajo mantenimiento, una inversión inadecuada, un decoro básico del espacio urbanizado deficiente, destruye en definitiva el valor político, social y económico de la urbanización. La ausencia de un buen diseño financiero no es tan sólo un problema económico, sino que se convertirá en un problema social y acabará siendo un problema político.
La historia de la urbanización es en gran medida la historia evolutiva de la gobernanza municipal y la de su financiación. Un cierto error de planteamiento se hace cuando se asume que en una sociedad relativamente pobre no hace falta preocuparse del diseño financiero ya que al fin y al cabo no hay dinero. La realidad es justo la contraria. Es en las sociedades con pocos recursos donde es más preciso afinar en el modelo de financiación para que se dé origen al circulo virtuoso de la generación de valor urbano. Los gobiernos regionales son especialmente claves en este aspecto ya que de sus directrices territoriales bien acertadas se puede y debe derivar un urbanismo productivo.
Finalmente el quinto eje de la Nueva Agenda Urbana es la implementación práctica de lo que en otros campos se refiera a la ultima milla, en nuestro caso, la gestión detallada, normalmente a nivel local, de parcelación, edificación y servicios urbanos. El lugar donde el ciudadano toca al urbanismo. De nuevo un análisis global de la urbanización demuestra aquí una ausencia amentablemente demasiado frecuente de medios a tal fin. Tiende a pensarse erróneamente que la gestión urbanística es un servicio más de la administración local y por lo tanto tiene que competir con las otras funciones del gobierno para dotarse de parte de los recursos escasos.
Así planteado, obviamente nunca será la prioridad porque siempre habrá necesidades humanas más imperiosas. El error consiste en no comprender que el urbanismo no es un servicio más de la administración local sino que es su primera responsabilidad ya que si dicha administración no ejerce esta función, nadie la va a substituir. De nuevo, los gobiernos regionales pueden arbitrar medidas para que los gobiernos locales no dejen de ejercer esta crucial responsabilidad. Como se puede observar, la Nueva Agenda Urbana plantea estrategias de fondo que requieren de convicción y decisión política ya que asumirlas no es precisamente un camino de rosas. Sin embargo, si se hace el esfuerzo de comprometerse con una buena urbanización, los resultados pueden ser muy positivos para el bienestar de los ciudadanos y la prosperidad de la región y de la nación.
