Participación política y violencia: “La lucha por la igualdad”

GLORIA FALCONI ZAPATA

Vicegobernadora Regional de Ayacucho

Presidenta de la Red de Mujeres Vicegobernadoras del Perú – REMUVIPE

Las mujeres en el Perú hemos enfrentado historicamente barreras estructurales para ejercer nuestro derecho al sufragio y la participación en la vida política del país. Estas barreras han sido generadas por leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, a los que se suman los bajos niveles de educación y la dependencia económica.

En nuestro país, el reconocimiento del derecho a la participación política de las mujeres, así como a otros derechos fundamentales, ha tenido un proceso lento y paulatino a nivel normativo. Asì, en 1955 gracias al esfuerzo y la lucha de muchas mujeres, mediante ley se permitió que las mujeres mayores de edad y alfabetizadas tengan el derecho a elegir y ser elegidas. Por ello, en las elecciones de 1956, por primera vez las mujeres peruanas participaron como miembros de mesa titulares y suplentes y candidatas, y ejercieron el voto. 

En los últimos treinta años, el Estado peruano, en base al marco jurídico internacional, ha adoptado una serie de medidas para que las mujeres tengan mayores oportunidades para su participación política. Una de esta ha estado la incorporación del mecanismo de cuotas de género en 1997, que establece un 25% de representación de mujeres en las listas parlamentarias y municipales. Este porcentaje de cuotas se incrementó al 30% en el 2000, para las listas congresales, ampliándose en el 2002 para los cargos de elección municipal y regional.

El resultado de este proceso electoral evidencia el índice de autoridades mujeres elegidas a nivel nacional: ninguna candidata mujer fue elegida para el cargo de gobernadora y solo 5 mujeres fueron electas para el cargo de vicegobernadora.  El establecimiento de cuotas de género en los procesos electorales, ha constituido un significativo avance para promover mayor participación de la mujer en la vida política; sin embargo, los resultados indican que las organizaciones políticas, suelen ubicar a las mujeres en los últimos lugares de la lista electoral, por cumplir el requisito de la cuota de género, limitando sus oportunidades de ser electas. 

Frente a esta situación, desde distintas plataformas de la sociedad civil, como la Red Nacional de Mujeres Autoridades, la Red de Mujeres Vicegobernadoras del Perú, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza y demás organizaciones, se exigió la modificación de la norma electoral para garantizar la participación de la mujer de manera equitativa. Así, en el 2020 se aprobó la Ley de paridad y alternancia, que implica que las listas de candidatos para la Presidencia, Congreso, Parlamento Andino, Regional y Municipal, deben tener 50% de mujeres y 50% de hombres, ubicadas de manera alternada.

En consecuencia, para las Elecciones Generales 2021 se inscribieron 18 listas presidenciales, de los cuales 16 listas han sido lideradas por hombres y solo dos mujeres fueron candidatas presidenciales; y para la Vicepresidencia postularon 16 mujeres candidatas, resultando electo un candidato hombre como Presidente de la República y una mujer como Vicepresidenta. Asimismo, para el Congreso de la República, se inscribieron 2,572 candidatos, de los cuales 1,295 fueron candidatas mujeres, que representa el 50,3% del total de postulantes; teniendo como resultado a 130 congresistas electos, de los cuales 47 son mujeres, que representan el 36,15%.

Otro problema que afecta en la vida de las mujeres es la alta prevalencia de la violencia en el país que, según la Defensoría del Pueblo, durante el 2021 se han registrado 146 feminicidios y 5,904 mujeres desaparecidas. El incremento de violencia se da a consecuencia de la emergencia sanitaria por el Covid-19 que, debido a las medidas de cuarentena, las mujeres se vieron obligadas a convivir con sus agresores en el hogar.

Si bien el Estado, para luchar contra la violencia, ha creado el “Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar” y el sub sistema de justicia denominado “Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”;  las intervenciones no se están reflejando en la reducción del índice de violencia.

Por tanto, para hacer frente a esta problemática, en el 2021 se ha promovido la suscripción del “Pacto Nacional de Lucha contra la Violencia y la Discriminación hacia las Mujeres y por el Pleno Ejercicio de sus Derechos”, que establece los compromisos del Estado y las instancias competentes para reforzar las políticas de lucha contra la violencia.

En ese sentido, se han dado avances importantes durante los últimos años hacia la igualdad de género, pero todavía persisten las brechas estructurales que limitan a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos y tener una vida libre de violencia. el Estado tiene la obligación de hacer mayores esfuerzos para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres para su pleno ejercicio y efectiva realización.