Según las Naciones Unidas, por término medio, las mujeres siguen ganando en todo el mundo un 23 % menos que los hombres por el mismo empleo.
Hablamos de la brecha salarial, un indicador que informa acerca de las diferencias entre el salario de un hombre y una mujer en el mercado laboral, habitualmente expresada como un porcentaje sobre el salario de los hombres.
Dentro del mundo laboral, la igualdad de género es una meta irrenunciable para conseguir avances importantes en los ámbitos sociales y económicos.
Podemos estructurar los fundamentos de la importancia de la lucha por reducir la brecha salarial:
• El respeto a los derechos de las mujeres trabajadoras.
• Combatir la pobreza y la desigualdad. Los menores ingresos de las mujeres suponen menores ingresos por hogar así como pensiones de jubilación.
• La armonía social. Una sociedad que otorga el mismo salario por un trabajo de igual valor es una sociedad que también distribuye equitativamente.
• Una mayor productividad.
El propio António Guterres, Secretario General de las Organización de las Naciones Unidas, apunta que “si las mujeres pudieran participar en la economía en igualdad de condiciones con los hombres, el PIB mundial podría aumentar un 26 %”.
Tras el primer hito internacional de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1945, que establece que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual; luego, han seguido muchos otros organismos (ONU, OIT, ONU-Mujeres, la Secretaría General Iberoamericana, el Comité Europeo de las Regiones, etc.) en pro del objetivo de la igualdad laboral entre hombre y mujer.
La Agenda 2030 también es rotunda en el quinto ODS, que apunta a “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, combatiendo la discriminación salarial y promoviendo la conciliación de la vida personal, familiar y laboral” y en el ODS 8, del trabajo decente y crecimiento económico.
Por todo lo anteriormente expuesto y como parte del entramado institucional mundial, los gobiernos subestatales, desde nuestros ámbitos de competencias, también tenemos la oportunidad y la responsabilidad de unirnos a las estrategias, programas y acciones que organismos internacionales y gobiernos de los estados ya están implementando, para combatir la brecha salarial y las causas que la generan, debidas en muchos casos a factores de género y elementos socioculturales.
Desde el Gobierno Vasco, comprometidos en esta misión de impulsar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, contamos con el Plan Operativo de Acción 2022-2025, que supone la segunda fase de la Estrategia para reducir la Brecha Salarial entre mujeres y hombres. Este Plan es la herramienta que quiere situar a Euskadi en 2030, entre los territorios europeos con menor brecha salarial.
Para ello, se plantea un abordaje integral, con la participación de todos los agentes y ámbitos implicados. Este Plan estará coordinado por el Instituto Vasco de la Mujer-EMAKUNDE y contará con la participación de otros siete departamentos del Gobierno Vasco, de los ámbitos de Economía, Empleo, Educación, Gobernanza, y Sanidad.
El plan se articula sobre cuatro ejes de actuación:
1. EJE 1: Reducir la desigualdad en el salario/hora, a través del impulso de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones.
2. EJE 2: Reducir la desigualdad en cuanto a la jornada laboral, acompañando a las empresas en la implementación de medidas de conciliación corresponsable.
3. EJE 3: Educación y sensibilización social: con iniciativas como la de impulsar que los centros incorporen la perspectiva de género en sus acciones.
4. EJE 4: Sensibilización empresarial y sindical: apoyando a las pequeñas y medianas empresas para que realicen diagnósticos y planes para la igualdad.
Y en el marco de estos cuatro ejes, el Plan Operativo de Acción 2022-2025 plantea un total 20 directrices y 74 medidas.
He tratado de presentar sucintamente una problemática mundial de largo recorrido, en la que mostramos el compromiso y voluntad política de un gobierno subestatal, como es el Gobierno vasco.
Estoy completamente persuadida de que podemos desarrollar buenas prácticas en políticas públicas, desde gobiernos subestatales, ejerciendo plenamente nuestras competencias, en un contexto de descentralización, también en ámbitos tan complejos como el de la Brecha Salarial, asumiendo nuestra responsabilidad, desde nuestras especificidades culturales, sociales y económicas, y contando con herramientas adecuadas.