Transición energética y subsidiariedad. El papel de las regiones.
Santiago Vilanova
Periodista y consultor ambiental; autor, entre otros ensayos, de “Future european environmental policy and subsidiarity” y “Empresarios verdes para un planeta azul”.
La mitigación y adaptación del cambio climático es el mayor reto de la Humanidad y es a la vez una gran oportunidad para la soberanía y autosuficiencia energética de las regiones. Estamos asistiendo al fin de un ciclo que la llamada revolución industrial. Y para las sociedades que no han logrado realizarla plenamente y, en consecuencia, no han sufrido sus estragos es la ocasión para dar el salto a la era solar.
No existe una contabilidad económica capaz de dar forma monetaria a los costes del cambio climático. La Agencia Internacional de la Energía se atreve a señalar que la transición energética para lograr la neutralidad de carbono en el 2050 requerirá un dispendio de 42 trillones de dólares. Ahora bien, si contamos con la participación descentralizada y eficiente de las regiones y de los municipios podríamos disminuir sensiblemente esta enorme inversión.
Lo más preocupante para la mayoría de los foros de debate sobre la transición energética y la emergencia climática es que los científicos nos advierten que hemos de actuar con rapidez si queremos evitar que en el 2030 la temperatura media global del planeta no supere los 2 grados centígrados y a finales de siglo los 5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, lo que resultaría un mundo invivible y con centenares de millones de refugiados ecológicos huyendo hacia las regiones más templadas. Una ingeniería ambiental no podrá frenar el impacto del deshielo, la subida del mar y la desaparición de los deltas. En una primera fase se intensificarán las olas de calor, los huracanes, las inundaciones y sequías afectando países y regiones vulnerables como el sudeste asiático, los atolones del Pacífico y del Índico; América Latina, África subsahariana y la cuenca mediterránea.
Cada grado que aumente la temperatura absorberá más agua lo que ocasionará nevadas masivas en invierno, lluvias torrenciales en primavera y sequías, incendios y huracanes en verano. Un “totum revolutum” meteorológico cuyos síntomas ya hemos empezado a notar. En los últimos 50 años se han perdido la mitad de las masas de hielo de la cordillera volcánica andina. Los glaciares tropicales, principalmente de los Andes, ubicados en Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Ecuador son los más vulnerables al calentamiento global. El deshielo de los altos cerros de Bolivia afectará a centenares de pueblos que dependen de sus aguas. Lo mismo está sucediendo en los Alpes suizos y en los Pirineos, donde apenas quedan algunos glaciares. El 90% del hielo que había en el Kilimanjaro en el 1912 ha desaparecido, un fenómeno que también ocurre en la cordillera del Himalaya.
Otra muestra del cambio climático son las pérdidas de producción agraria causadas por las sequías y olas de calor en los cultivos de cereales que se han triplicado en los últimos 50 años (en el Mediterráneo ha representado la reducción de un 7% de la producción de cereales). A esta realidad hay que añadir el impacto ambiental de los abonos nitrogenados, una bomba para la salud humana, el aire, el agua y los suelos. En el mundo se comercializan 130 millones de toneladas al año que requieren otras tantas de petróleo para producirse. Sólo la mitad son absorbidas por las plantas. El resto se suma a los gases de efecto invernadero. No olvidemos que la agricultura es la responsable del 12% de las emisiones lo que obligará a una profunda reconversión del sector hacia la agroecología. Muchas regiones africanas y latinoamericanas encontrarán en la agricultura biológica una forma de regenerar los campos y nuevas oportunidades de crear nuevos puestos de trabajo.
La pandemia que hemos sufrido -que ha afectado gravemente América Latina provocando la disminución de su PIB entre el 8% y el 10%- está directamente relacionada con la crisis ecológica y climática. No lo han podido explicar a fondo los ecólogos y expertos en ciencias de la Tierra, marginados de los consejos asesores sobre la Covid-19 creados por los gobiernos y constituidos por epidemiólogos y médicos.
Para el 85% del planeta resulta ya más barato generar electricidad mediante las energías renovables. En la última década la solar fotovoltaica ha caído un 82%, la eólica terrestre un 39% y la eólica marina un 29%. Nos hallamos en un gran momento para que las regiones inicien una escalada a favor de la creación de pequeños y medianos parques eólicos y campos solares, así como instalaciones solares en los tejados de los pueblos y ciudades gestionadas por asociaciones de vecinos, municipalidades o cooperativas de consumo. Sus respectivos estados tendrán también la oportunidad de ejercer una influencia estratégica en el nuevo orden exportando energía verde y controlando los nuevos materiales que requiere la movilidad eléctrica y la extensión del digital. Por ejemplo: el 20% del litio mundial se halla en Bolivia y también en Chile, Argentina y Australia. Antes del 2050 se construirán 50 millones de vehículos eléctricos que requerirán 40 millones de toneladas de litio. Una ocasión también para el Congo con el cobalto, para Nueva Caledonia con el níquel o para Grenlandia con las tierras raras.
La transición energética ha de ser también una gran oportunidad para extender la electrificación y para que América Latina pueda dar luz a los 24 millones de personas y acceso a Internet a 40 millones de hogares.
El desarrollo de las energías renovables creó 11,5 millones de empleos en el mundo durante el año 2019. En Latinoamérica y el Caribe las previsiones para el 2030 indican que se generarán 15 millones de nuevos empleos según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La fiscalidad ecológica es indispensable para una justa aplicación de la transición energética. Gravar las emisiones de gases de efectos invernadero (impuestos al carbono) y subvencionar a las empresas de demuestren la sostenibilidad del ciclo de vida de sus productos (economía circular) ha de ser uno de los objetivos de los gobiernos regionales.
La transición energética, a escala regional y aplicada bajo el principio de subsidiariedad, podría tener algunas de estas medidas regeneradoras: 1) Articular una gran inversión transformadora de la región en los próximos 30 años acordada con las entidades bancarias y fondos de inversión verdes; 2) Aprobar una Ley de Transición Energética y ordenanzas solares en los municipios; 3) Destinar un porcentaje del PIB de la región al R+D energético; 4) Desarrollo de un plan de energías renovables, sistemas de almacenamiento de energía, nuevos sistemas de transporte y movilidad; arquitectura sostenible y en mejora de los procesos productivos industriales, agrícolas y de servicios; 5) Crear redes distribuidas y nuevas formas inteligentes de la energía; 6) Trabajar en una planificación territorial basada en el concepto de bioregión respetando la capacidad de carga y vigilando la huella ecológica; 7) Elaborar normas técnicas de conducta para definir y facilitar la reducción de consumos por eficiencia de procesos; 8) Incentivar o penalizar el consumo de recursos fósiles por vía fiscal, tarifas o ecotasas; 9) Los recursos ,a ser posible, han de provenir básicamente de las personas y organizaciones de la región o del país; 10) Diseñar el gobierno de forma transversal y dotar a la gestión política de transición energética de un Consejo de Expertos sobre el Cambio Climático y sobre las pandemias.
¿Y sobre la participación democrática?, me preguntarán ustedes. Mi opinión es que los gobiernos regionales han de fomentar convenciones de ciudadanos sobre el cambio climático como una forma de vincular a la sociedad civil y a los consumidores a la revolución que la transición energética provocará en la alimentación, el transporte, el trabajo, la educación.
Finalmente permítanme que les recuerde que para luchar contra el cambio climático no hay, ni habrá, vacunas. Entonces, acción y mirada larga.
