Migraciones, derechos humanos y perspectiva de género: un imperativo político

Claudia Martínez

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Igualdad de Género de ORU Fogar

Hablar de migración es hablar de vidas, de trayectorias, de proyectos colectivos e individuales que se ponen en movimiento en busca de dignidad y de futuro. Las personas migrantes no son cifras ni flujos; no son mercancías que puedan ordenarse, importarse o exportarse. Son mujeres, varones y diversidades que atraviesan fronteras llevando consigo historias, afectos, saberes y derechos que deben ser reconocidos y garantizados.

La movilidad humana constituye uno de los grandes procesos sociales de nuestro tiempo, estrechamente ligado a desigualdades estructurales, crisis ambientales, violencias y conflictos armados. Pero también expresa la capacidad de los pueblos de resistir, de reinventarse y de proyectar nuevas formas de comunidad. En este marco, resulta inadmisible reducir la migración a un problema de seguridad o de gestión demográfica. La única forma legítima de abordarla es a través del reconocimiento pleno de los derechos humanos de quienes migran.

Factores de expulsión atravesados por el género

Es fundamental reconocer que la desigualdad de género actúa como un motor de expulsión antes incluso de que comience la migración. Las mujeres y diversidades suelen ser las más afectadas por la degradación ambiental y el cambio climático, que en muchos contextos rurales se traduce en mayores cargas de trabajo de cuidado y menor acceso a recursos productivos. La violencia doméstica y comunitaria, junto con las restricciones a la participación política y económica, empujan a miles a dejar sus hogares en busca de entornos más seguros. La falta de oportunidades educativas y laborales, especialmente en sociedades donde persiste una fuerte división sexual del trabajo, limita sus horizontes y convierte la migración en una estrategia de supervivencia y de proyecto vital. Esta cadena de desigualdades deja en claro que la vulnerabilidad de género acompaña a las personas migrantes desde el origen hasta el destino.

La perspectiva de género como obligación, no como debate

En este escenario, afirmar que las políticas migratorias deben incorporar perspectiva de género no puede seguir planteándose como un horizonte deseable o como una propuesta en discusión. Hoy es una obligación política y ética. Las mujeres y diversidades migrantes enfrentan violencias específicas que van desde la explotación laboral y la violencia sexual hasta la discriminación institucional en los países de destino. Estas violencias no son hechos aislados: son la expresión de sistemas estructurales que reproducen la desigualdad.

Reconocer esta realidad exige que los Estados asuman la responsabilidad de diseñar políticas que no solo protejan, sino que garanticen igualdad de acceso a derechos en condiciones de dignidad. Colocar sobre los hombros de las mujeres y niñas la responsabilidad de la resiliencia es una injusticia adicional: la carga no debe recaer en ellas, sino en los Estados y en las instituciones políticas que deben responder a estas necesidades con compromiso, recursos y decisión.

Interseccionalidad: reconocer las múltiples desigualdades

No existe una única experiencia de ser mujer migrante. Una mujer indígena que migra desde una zona rural enfrenta desafíos distintos a los de una mujer urbana de clase media; una persona trans migrante se expone a violencias específicas que combinan discriminación de género, orientación sexual y origen. La migración no puede analizarse ni legislarse desde una mirada homogénea: exige políticas que contemplen la intersección entre género, clase, etnia, edad, orientación sexual y condición migratoria. La interseccionalidad es, por lo tanto, una herramienta imprescindible para diseñar respuestas más justas y eficaces.

Buenas prácticas que iluminan el camino

En este panorama, hay experiencias concretas que muestran que otra forma de hacer política migratoria es posible. La Secretaría de la Mujer de la Provincia de Córdoba (Argentina) ha creado un Área de Atención Integral a las Mujeres Migrantes y sus Familias, un espacio pionero que reconoce a las mujeres migrantes como sujetas de derechos y protagonistas de su propia historia. Esta área constituye una política de Estado que refleja el compromiso sostenido de Córdoba con la inclusión y la garantía de derechos. Entre sus principales líneas de acción se destacan el acompañamiento en gestiones de documentación y procesos de radicación, el acceso a turnos médicos y controles de salud, las capacitaciones y espacios de formación destinados a promover autonomía e integración, así como actividades recreativas y culturales que fortalecen la construcción de redes comunitarias. A su vez, el área impulsa mesas de trabajo interinstitucionales con organismos de derechos humanos e internacionales, desarrolla capacitaciones en espacios académicos y brinda acompañamiento a mujeres en procesos de retorno a sus países de origen, en articulación con consulados, así como a mujeres argentinas retornadas desde el exterior.

Este tipo de políticas son luces de esperanza que marcan un horizonte de posibilidad. Demuestran que las migraciones pueden ser acompañadas desde la solidaridad, la justicia y la igualdad, y que los gobiernos regionales y locales tienen un rol clave para transformar la retórica en políticas concretas.

Llamado a la acción

Desde el Grupo de Igualdad de Género de ORU Fogar sostenemos que la migración no puede seguir pensándose desde la lógica del control o la administración poblacional. Debe asumirse desde la perspectiva de los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia social y la interseccionalidad.

Convocamos a los gobiernos regionales y locales a:

• Colocar los derechos en el centro de las políticas migratorias, reconociendo a las personas migrantes como sujetos de dignidad y no como números en una estadística.
• Transversalizar la perspectiva de género de manera obligatoria en todas las instancias: diagnósticos, diseño, implementación y evaluación de políticas.
• Diseñar políticas con enfoque interseccional, reconociendo que las identidades se cruzan y producen desigualdades diferenciadas.
• Visibilizar y multiplicar las buenas prácticas existentes, como la experiencia cordobesa, que marcan un camino de inclusión y de reconocimiento.
• Promover espacios de participación activa donde las mujeres y diversidades migrantes puedan ser protagonistas en la toma de decisiones que afectan sus vidas.

La migración no es un problema a resolver, es una realidad humana que interpela nuestras responsabilidades más profundas. Si queremos sociedades más justas, igualitarias e inclusivas, debemos comenzar por reconocer que toda persona que migra lleva consigo un derecho inalienable a vivir con dignidad. Garantizarlo es, hoy más que nunca, un imperativo político y ético que no admite dilaciones.

La garantía de estos derechos no es solo responsabilidad de los Estados, sino también de las comunidades, las empresas y cada individuo que coexiste en las sociedades de destino. La verdadera integración se construye en la solidaridad cotidiana.