Democracia, territorio y alimentación: una agenda regional desde el Mercosur

Matías Sotomayor

Parlamentario del MERCOSUR

En un mundo atravesado por múltiples crisis climática, económica, social y geopolítica la seguridad alimentaria vuelve a ocupar un lugar central en la agenda global. Pero para América del Sur el desafío no es solamente producir alimentos. El verdadero desafío es garantizar el derecho humano a la alimentación, fortalecer la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y asegurar que nuestros sistemas productivos contribuyan al desarrollo sostenible de nuestros territorios.

Desde el Parlamento del Mercosur, y particularmente desde el Frente Parlamentario contra el Hambre del MERCOSUR, venimos trabajando con una convicción muy clara: no puede existir una democracia fuerte y sostenida si su pueblo está mal alimentado. La lucha contra el hambre no es solamente una política social. Es una condición básica para la dignidad humana, para la estabilidad democrática y para el desarrollo con justicia social.

Nuestro trabajo forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que desde hace más de una década promueve la conformación de Frentes Parlamentarios contra el Hambre en América Latina y el Caribe. A través de esta red, legisladores de distintos países articulamos iniciativas, compartimos buenas prácticas y fortalecemos marcos legislativos que permitan avanzar hacia el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación. 
En ese marco, el Frente Parlamentario contra el Hambre del PARLASUR participa activamente de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria y Nutricional, un espacio que promueve la cooperación entre parlamentos para fortalecer políticas alimentarias sostenibles, inclusivas y territorialmente integradas.

Uno de los principales aprendizajes de este trabajo es que las políticas alimentarias sólo pueden ser efectivas si se construyen desde el territorio. Hablar de seguridad alimentaria significa comprender cómo se producen, distribuyen y consumen los alimentos en cada comunidad, reconociendo el papel estratégico de la agricultura familiar, de las economías regionales y de quienes sostienen todos los días la producción de alimentos.

Por eso insistimos en la necesidad de territorializar las políticas públicas, articulando al sector público, al sector privado, a la sociedad civil y a la academia para construir políticas que respondan a la realidad concreta de nuestras comunidades. En esa dirección impulsamos la creación de un Observatorio Territorial de Seguridad Alimentaria, pensado como un espacio de articulación entre instituciones, universidades, organizaciones sociales y actores productivos que permita fortalecer la toma de decisiones legislativas en toda la región. 
América del Sur, y particularmente el MERCOSUR, constituye una de las principales regiones productoras de alimentos del planeta. Nuestros países poseen una enorme diversidad productiva y una capacidad extraordinaria para producir alimentos de calidad. Esta realidad representa una oportunidad estratégica, pero también una responsabilidad global en un mundo donde millones de personas todavía padecen hambre.

En lo personal, esta convicción también tiene raíces muy concretas. Soy sanjuanino, vengo de una provincia argentina que ha aprendido a producir en condiciones muchas veces adversas, entre montañas y desiertos, donde el agua es un recurso estratégico para la vida y para el desarrollo. En San Juan, nuestras comunidades han demostrado durante generaciones que el trabajo y el conocimiento pueden transformar territorios áridos en regiones productivas donde florecen la vitivinicultura, la producción olivícola y diversas economías regionales. 
Esa experiencia territorial nos recuerda algo fundamental: la seguridad alimentaria no se construye solo con estadísticas o discursos globales. Se construye con el trabajo cotidiano de las comunidades, con el cuidado de los recursos naturales especialmente el agua y con políticas públicas que acompañen a quienes producen.

Nuestros pueblos ya no esperan solamente diagnósticos o promesas. Esperan decisiones y resultados concretos. Como solemos decir en nuestra región: más vale que decir es hacer, más vale que prometer es realizar.
En un mundo atravesado por incertidumbres, garantizar el derecho a la alimentación es también una forma de fortalecer la democracia y construir paz social. Como nos recuerda el Papa Francisco, nadie se salva solo. La cooperación entre pueblos, territorios e instituciones es el camino para construir sistemas alimentarios más justos y sostenibles.

Porque, en definitiva, todo comienza por la alimentación.